14,7 millones

Miguel Ricaurte

Esta cifra, el número de personas habilitadas para votar en el plebiscito de abril, representa casi el 77% de la población. El padrón electoral de chilenos y residentes mayores de 18 años, por supuesto, reafirma un hecho que no es nuevo, pero que a veces es olvidado: somos una población “madura”. Esto es importante, también, por su impacto en algunas de las medidas que se están discutiendo.

Me quiero detener en una que se verá afectada por el grado de “vejez” del país: la reforma previsional.

Con las indicaciones al proyecto en discusión ingresadas por el gobierno unas semanas atrás, se busca cambiar al sistema desde uno caracterizado principalmente por cuentas de capitalización individual a uno “mixto”. Si bien hay varias provisiones adicionales, analicemos la diferencia entre estos dos regímenes.

En un sistema de capitalización individual, el grueso las pensiones se financian con los ahorros o cotizaciones que cada trabajador(a) hace durante su vida laboral. El Estado juega un rol subsidiario al suplementar pensiones para aquellos trabajadores cuyos aportes al sistema fueron, por distintas razones, insuficientes para generar un nivel mínimo de pensiones. Este sistema, con sus problemas y limitaciones ampliamente conocidos, tiene una virtud particular: ha evitado que el pago de pensiones se convierta en una carga fiscal importante, como ha sido el caso de Brasil, que recientemente reformó al sistema para evitar entrar en un espiral explosivo de acumulación de deuda pública, o en menor escala, Colombia, por mencionar dos vecinos de la región.

Mientras tanto, de aprobarse el sistema propuesto como se presentó y una vez que entre en régimen, además de mantener las cuentas de capitalización individual, aumentará la cotización en seis puntos porcentuales del ingreso (desde el actual 10% a 16%, gradualmente a lo largo de 12 años) con cargo al empleador. De la cotización adicional, 3% irá a cuentas individuales administradas por un ente público, con el restante 3% financiando al pilar solidario. Esto último es lo que convierte al sistema en mixto, introduciendo una característica de solidaridad con el reparto directo de recursos desde los actuales trabajadores hacia los pensionados.

El mecanismo propuesto parece razonable tanto por razones técnicas como políticas. A excepción del período de transición, no impone una carga fiscal particularmente alta (salvo por el aumento en cotizaciones que deba pagar el Fisco como empleador), además ayudará a seguir mejorando las pensiones más bajas del sistema e introduce un mecanismo adicional de redistribución de ingresos.

El componente de reparto introduce un problema que el sistema previsional chileno no ha tenido que enfrentar hasta ahora: el envejecimiento de la población. Según datos del INE, hoy existen 5,5 potenciales trabajadores (personas entre 18 y 64 años) por jubilado, mientras que en 2035, cuando el sistema nuevo esté en régimen, este número habrá descendido hasta 3,3. En 2050 sólo habrá 2,3 personas en edad de trabajar por cada jubilado.

Hoy, las bajas pensiones se deben básicamente a bajos aportes al sistema (por ejemplo, producto de lagunas previsionales), pero la distribución etaria no ha sido un factor relevante. Sin embargo, con menos trabajadores financiando el pilar solidario y más jubilados, el sistema propuesto enfrentará los mismos retos de financiamiento que tienen países desarrollados y emergentes por igual.